EL
tema de Geacam se ha convertido en el otro gran incendio forestal del verano,
que lejos de permanecer bajo control, se extiende avivado por los vientos que
cambian, y que posiblemente quedará estabilizado, no extinguido, en las Cortes
de Castilla-La Manchas.
Si la petición de una Comisión de Investigación Parlamentaria por parte de
quienes defienden que todo siga igual en materia de gestión y contratación
resulta cuanto menos extraña, la petición de comparecencia por parte de la
Consejera de Agricultura resultaba tan lógica como obligada y oportuna.
El PP mantiene y anuncia la existencia de una batería de datos que deberían
demostrar la nefasta gestión por parte de los responsables nombrados por el
Gobierno de Barreda al frente de esta empresa pública, y que, el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, adelantó algunos ejemplos:
“la empresa compraba vehículos de lujo de más de 10 millones de pesetas para
sus empleados y la marca agraciada de esas compras invitaba luego a viajes al
Caribe al anterior director del Geacam”, o “en 2008 los directivos cobraban
incentivos fuera de sus contratos”.
Como ciudadanos todo lo que sea información y trasparencia nos parece bien. Y
si de estos datos se derivan responsabilidades penales o administrativas,
hágase.
La duda que siempre termina por asaltarnos es que si los sindicatos y los
partidos políticos hubieran sido capaces de encontrar fórmulas de acuerdo en
torno al ERE de Geacam ¿todos estos hechos que tan mala pinta tienen habrían
quedado en el cajón de los asuntos archivados?
Ya sabemos que el clima político está que arde, y que las siglas Geacam, en
este caso, más que contribuir a aplacar las llamas, las avivan sin
misericordia.
Pero hablamos de mejorar la gestión a la búsqueda de un objetivo aceptable:
combatir mejor los incendios y mejorar la prevención, al menor coste posible.
Si los problemas básicos eran la gestión desahogada de los recursos públicos,
habrá que atajar el mal donde se produjo y no, a lo mejor, donde se cumple con
el deber.